José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.
Siempre se ha dicho que las pymes eran la gran asignatura pendiente de la internacionalización empresarial española. Y aún sin negar la mayor, es de justicia convenir el hecho de que esta asignatura siga todavía pendiente de aprobar es consecuencia de que nuestras instituciones, todas ellas, públicas, privadas y semipúblicas, encargadas de la promoción exterior, continúan si superar la gran reválida de la coordinación.
En un país en el que el individualismo es una de nuestras señas de identidad, esta tendencia a hacer la guerra por su cuenta llega hasta las instituciones que, deberían servir de ejemplo de colaboración y trabajo en equipo para el resto de los ciudadanos. Pero, al contrario, aquí resulta que sólo a nivel estatal tenemos hasta siete instituciones con competencias en la promoción exterior y apoyo a la internacionalización. Tres de ellas públicas: el ICEX, Cofides, CESCE y Expansión Exterior o P4r (como gusten). Y otras tres privadas: CEOE, las Cámaras de Comercio y el Club de Exportadores e Inversores Españoles. Y si a ello añadimos los 17 organismos de promoción de las comunidades autónomas y los correspondientes de los principales ayuntamientos, pues ya me dirán cómo se aclaran los pequeños empresarios a la hora de buscar asesoramiento, ayudas o financiación para sus proyectos en el mercado internacional.
Y, es verdad que se están dando pasos importantes. La conferencia sectorial, la política de integración de las representaciones autonómicas en el exterior en las oficinas de comercio de España, o la próxima nueva Ley de Cámaras con la creación de la Cámara de Comercio de España, inspiradas por la actual administración comercial son acciones encaminada a corregir esta deficiencia tradicional, pero todavía insuficientes.
Como también son insuficientes las tímidas actuaciones del Gobierno y de la UE para acabar con la asfixia financiera que padecen nuestros emprendedores. Porque lo que necesitan ya los autónomos y pymes es que fluya el crédito bancario tradicional y no sólo para inversiones sino, y fundamentalmente, para circulante. Porque el verdadero drama para muchos de nuestros emprendedores no es que no puedan invertir, sino que no tienen liquidez para hacer frente a sus pagos corrientes lo que les arrastra inevitablemente al cierre.
La situación exige una reforma profunda de los instrumentos de financiación pública, paralela a la fiscal, especialmente por lo que hace al ICO, cuya capacidad crediticia está cercenada por su carencia de puntos de atención directa y su dependencia de los bancos privados a quienes encarga la gestión y endosa un porcentaje del riesgo que actúa de tapón a la salida de la financiación pública.
Y, en esta tesitura, somos muchos los que nos preguntamos ¿porqué no se utilizan los bancos nacionalizados como ventanillas del ICO y se les obliga -ya que las pagamos todos- a que devuelvan lo que deben a la sociedad a través del crédito a quienes de verdad pueden crear riqueza y puestos de trabajo? ¿Por qué ese miedo al banco público? En el Reino Unido ya lo han hecho y les funciona. Sólo hace falta copiar.
Y es que en épocas de crisis, cuando los recortes presiden las políticas presupuestarias, es preciso optimizar los cada vez más escasos recursos públicos disponibles, definiendo con claridad las competencias y servicios de cada cual, reduciendo la burocracia y las cargas administrativas, y eliminando si es preciso organismos superfluos. Todo ello para evitar la duplicidad y, a veces, hasta multiplicidad de acciones, el despilfarro del dinero y la distorsión de la imagen y de la Marca España en los mercados de destino. Es decir coordinación y máxima eficacia. Amén.