Invirtiendo en el Perú: panorama, marco legal y estímulos fiscales - Moneda Única
Opinión

Invirtiendo en el Perú: panorama, marco legal y estímulos fiscales

Opinión-Garrigues

Luis Valle y Rafael Martinelli
Garrigues Perú


El Perú es una de las economías latinoamericanas que se está desarrollando más rápidamente, impulsada por importantes reformas y un dinamismo económico impresionante. De hecho, es uno de los países con el crecimiento más fuerte de la región, registrando un crecimiento anual que bordea el 6% en la última década, cuando en cambio, la economía mundial ha tenido un crecimiento anémico. Además, ha duplicado en dos décadas su Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, ampliado su clase media a cerca del 70% de la población y reducido significativamente sus índices de pobreza.

No obstante al encontrarse en un año de elecciones presidenciales y parlamentarias, ha hecho que los principales candidatos insistan en la continuidad de las políticas macroeconómicas, en la promoción de la inversión privada y en el aprovechamiento de las asociaciones público-privadas. Ello ha coadyuvado a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) coincidan en una estimación del incremento del PBI del Perú en un 3,3% en el 2016, por encima de la mayoría de países de la región pese a la caída en los precios internacionales de los minerales.

Desde los años noventa el impulso económico se ha apoyado en la voluntad de creación de un marco jurídico estable que favorezca la inversión internacional. Así, se establece el principio de no-discriminación y trato nacional a las inversiones extranjeras; el acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos; las inversiones no precisan autorización quedando sólo sujetas a registro posterior a su realización; la libre transferencia de capitales; la libre competencia; la garantía a la propiedad privada; la libertad para adquirir acciones a nacionales sin imposición de presencia mínima de accionistas nacionales en sociedades; la libertad para acceder al crédito interno y externo; la libertad de comercio, de exportación e importación; la libertad para remesar regalías; el acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias. Y, como reconocimiento a todo esto, por mandato constitucional el Estado puede realizar actividad empresarial de manera subsidiaria.

Esto se ve reflejado en que el Perú sea miembro de las principales instituciones multilaterales, que pertenezca a la Comunidad Andina (CAN) y a la Alianza del Pacífico, que tenga firmados buen número de acuerdos de libre comercio y promoción comercial (entre ellos, con los Estados Unidos de América y la Unión Europea) y que participe en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Más aún, el Perú se encuentra implementando el Programa País de la OCDE, un programa ambicioso de dieciocho proyectos cuyo objetivo es el fortalecimiento de las políticas públicas, incluyendo estudios orientados a mejorar la eficacia del sector público, la coordinación entre niveles de gobierno y la integridad en sus procesos (v.gr., en las licitaciones y compras públicas). A través de este programa, el Perú también participará más activamente en diversos comités y grupos de trabajo. De hecho, el Perú ya se integró al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia Tributaria y al Grupo de Trabajo sobre Cohecho.

Todo esto pone de manifiesto el compromiso del Estado Peruano con la creación de un marco legal que ofrece confianza al inversionista y alienta la inversión privada, siendo claros ejemplos, la posibilidad de suscribir convenios de estabilidad jurídica y la implementación del régimen de iniciativas privadas que permite a los particulares presentar propuestas sobre recursos del Estado, donde si no se presentan otros interesados el promotor del proyecto puede adjudicárselo.

Dicho compromiso por parte del Estado Peruano también alcanza al plano fiscal, conservando un sistema tributario tradicional, donde el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas (con estructura de impuesto al valor agregado) se destacan y constituyen las principales fuentes de ingresos tributarios y donde existen regímenes y procedimientos especiales que fomentan la inversión.

Tratándose del Impuesto a la Renta, actualmente grava las rentas de las empresas residentes en el Perú con una tasa del 28%, la cual irá decreciendo progresivamente hasta 26% a partir del año 2019. En cuanto a las empresas no residentes, únicamente grava las rentas de fuente peruana, como serían las derivadas de actividades llevadas a cabo en territorio peruano, los intereses y otros conceptos cobrados con ocasión de capitales colocados o aprovechados económicamente en el Perú, las ganancias derivadas de la venta de acciones o participaciones emitidas por empresas residentes en el Perú, los dividendos distribuidos por empresas residentes en el Perú, entre otras rentas; siendo la regla general la aplicación de una retención en fuente del 30%, no obstante existen tasas inferiores para determinados tipos de renta, como por ejemplo, una retención de 4.99% sobre los intereses, la retención de 6.8% sobre dividendos (que irá aumentando progresivamente hasta 9.3% a partir del año 2019) y la retención de 5% sobre las ganancias por la venta de acciones o participaciones registradas en el Registro Público del Mercado de Valores y transadas a través de la Bolsa de Valores de Lima. Además, la legislación contempla ciertas excepciones y la exoneración al pago en determinados supuestos.

También existen regímenes especiales con incentivos sectoriales a la agricultura, acuicultura, centros de exportación, transformación, industria, comercialización y servicios o inversiones en la Amazonía, zonas altoandinas, entre otros, que incluyen la reducción en tasas impositivas y/o beneficios por reinversión.

A ello, se suma el que, tratándose de inversionistas con compromisos de inversión significativos, la suscripción de convenios de estabilidad jurídica con el Estado les otorga y a la empresa receptora de la inversión, estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta vigente al momento de suscripción del convenio, por un período de diez años.

Debe tomarse en cuenta que el Perú ha suscrito con algunos países convenios para evitar la doble imposición internacional en base al modelo OCDE, entre ellos, Canadá, Portugal y Suiza, y viene negociando más. Estos reducen la carga impositiva de las transacciones respecto de los impuestos a la renta de ambos países; y, sobretodo, ofrecen mayor predictibilidad respecto a la aplicación de dichos impuestos.

En lo que concierne al Impuesto General a las Ventas, éste grava con una tasa del 18% a las empresas residentes en el Perú por la venta de bienes en el país, la prestación de servicios en el país, la importación de bienes y la utilización de servicios prestados por empresas no residentes. La exportación de bienes y servicios no se encuentra gravada. Además, la legislación contempla ciertas excepciones y la exoneración al pago en determinados supuestos.

Siendo un impuesto al consumo, este tributo se liquida mediante una estructura de crédito fiscal, característica de los impuestos al valor agregado; sin embargo, existen mecanismos de recuperación anticipada del crédito fiscal generado en la adquisición e importación de bienes y servicios durante la fase pre-operativa de un proyecto, aliviando la necesidad de financiación en proyectos que requieren grandes sumas de inversión y períodos largos hasta el inicio de la etapa operativa.

Mención aparte merece el exitoso mecanismo de Obras por Impuestos, que constituye una excelente oportunidad para que la empresa privada pueda ejecutar importantes proyectos de impacto social que contribuyan activamente al desarrollo económico del país, el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales y las Universidades Públicas del país disponen de un potencial de aproximadamente USD 6,000 millones para ejecutar proyectos mediante este mecanismo según los topes de emisión de los Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional – Tesoro Público (CIPGN) y de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL).

Teniendo uno de los índices riesgo-país más bajos de la región, el Perú es uno de los países más atractivos para invertir en Latinoamérica y se encuentra afrontando el reto de mantener y estabilizar el crecimiento, reduciendo su dependencia del precio de los metales y materias primas, diversificando su economía y mejorando la inclusión social en los beneficios del desarrollo del país. Para ello, el Estado Peruano viene acometiendo reformas como las del sistema tributario, el sistema de pensiones o el mercado de capitales. Igualmente, consciente de la importancia de la inversión extranjera para cumplir dichos objetivos, se vienen implementando mejoras como la simplificación de procedimientos administrativos, la agilización de plazos o el fomento del régimen de iniciativas privadas, que deberían contribuir a favorecer aún más la inversión en los próximos años.

 

Luis Valle y Rafael Martinelli
Garrigues Perú

Compartir
Etiquetas: 000