Opinión

¿Por qué renunciar voluntariamente a un derecho?

Antoni-Cañete-(PMcM)

Antoni Cañete
Presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM)


Hay lujos que solo se pueden permitir unos pocos y otros que están al alcance de cualquiera. La renuncia “voluntaria” a los intereses de demora asociados a los Planes de Pago a Proveedores está entre estos últimos. O así parece verlo la abogada del Tribunal de Justicia Europeo en su escrito de conclusiones sobre la legalidad o no de la obligación de renuncia que impuso el gobierno para cobrar las deudas antiguas de las Administraciones Públicas.

Para ilustrar la “voluntariedad” pongo un ejemplo real. El protagonista es un pequeño empresario de un pueblo andaluz que vende servicios a los ayuntamientos del entorno.

Enero 2004: el joven empresario emitió una factura por importe de 5.000 euros más el correspondiente IVA, que por aquellos entonces era del 16%. El concepto era el alquiler de mobiliario para un evento organizado por el consistorio. Para la compra de ese mobiliario, el empresario había tomado un crédito a 5 años, que le suponía coste financiero del 6% anual. Para la ejecución del trabajo contrató un operario que le ayudó en la tarea de instalación y recogida.

Primavera 2004: nuestro héroe, que no ha cobrado su factura, ingresó en las arcas de la Agencia Tributaria los 800 euros correspondientes al IVA repercutido. También pagó el salario del empleado y los costes de la Seguridad Social. Para eso está el crédito, piensa él.

Junio 2005: la factura sigue sin cobrarse. Pese a todo, como es preceptivo, liquidó el Impuesto de Sociedades. No tenemos información, pero una estimación rápida es la siguiente: la operación le vino a suponer un ingreso a la Agencia Tributaria de unos 500 euros.

Mientras todo esto sucede, el hombre oye constantemente una voz en off dentro de su cabeza que le recuerda el cargo mensual del banco de los intereses de su crédito.

Pasan meses y años entre gestiones, ruegos y visitas al ayuntamiento para reclamar el cobro de sus facturas… Tranquilos. Se acerca el clímax de la película.

Febrero 2012: Un nuevo agente entra en escena. El Gobierno anuncia a bombo y platillo el Plan de Pago a Proveedores que liquidará las deudas comerciales de las AA.PP. para todos los que decidan acogerse a sus condiciones. Perfecto.

Mayo 2012: Nuestro hombre, que ya peina canas, medita si debe o no adherirse. Para hacerlo, le obligan a firmar, voluntariamente, la renuncia a los intereses de demora que legalmente le corresponden. Razona la posibilidad de seguir haciendo gestiones ante el ayuntamiento, quizás durante otros ocho años, para mantener sus derechos. La alternativa del “aquí te pillo” le convence más. Y firma. Y cobra. Ya tiene en el bolsillo sus 5.800 euros facturados en 2004. Sensación de alivio.

Ahora vamos a echar cuentas: la financiación pura de esta factura durante 8 años al 6%, cuesta 3.672,89 euros. Sin más comentarios. Si nuestro hombre no se hubiera adherido al Plan de Pago a Proveedores, continuaría esta sangría financiera ¿Merece la pena seguir poniendo dinero? Lo dicho, el empresario decidió permitirse el lujo de renunciar voluntariamente a los intereses de demora.

El argumento de la abogada del Tribunal de Justicia Europeo para considerar legal la cláusula de renuncia a los intereses de demora, exigencia para adherirse al Plan de Pago a Proveedores, se basa en la “voluntariedad”. La alternativa del empresario es continuar financiando al Ayuntamiento, a su costa, perdiendo además tiempo y dignidad. La única opción racional es dar por zanjado el asunto, cogiendo el dinero que compense, muy parcialmente, los costes incurridos durante los ocho años transcurridos hasta el cobro. ¿Puede considerarse todo esto como voluntario? La Directiva Europea señala explícitamente que es abusiva la cláusula de renuncia a los intereses de demora. Los argumentos de la abogada no nos convencen. En este caso, y en muchos otros, el abuso al que se ha sometido al pequeño empresario ha sido constante. Y si esto no se remedia, parece que finalmente se le va a imponer uno más.

Antoni Cañete
Presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM)

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