José María Triper
Director de Comunicación de CESCE.
Si en todo tiempo y lugar el diseño anual de los Presupuestos del Estado está condicionado por factores exógenos a las necesidades y la marcha de la economía, la influencia de estos condicionamientos ajenos se acentúa especialmente en las cuentas presentadas para este año en las que a la exigua mayoría parlamentaria del Partido Popular se une el deterioro electoral que todas las encuestas dan al Gobierno y su partido a un año vista de los comicios locales y autonómicos antesala de las generales.
Este último elemento es el que viste al Presupuesto de un marcado tinte social y expansionista que se manifiesta en esa rebaja del IRPF que supone un ahorro medio de 440 euros para 3,5 millones de ciudadanos, la subida de hasta un 3 por ciento en las pensiones más bajas y del 2 por ciento en las de viudedad, la subida del 1,75 por ciento más otro 0,25 por ciento variable en los sueldos de los empleados públicos, los aumentos de 46 millones de euros en la partida para dependencia y del 4,5 por ciento en las prestaciones por nacimiento, o la bajada del IVA del cine del 21 al 10 por ciento.
Los gastos en sanidad y educación crecen un 3,9 y un 3 por ciento, respectivamente, con una mejora de 50 millones de euros en las becas al estudio; mientras que se incrementa un año más, el 3,9 por ciento, hasta 5.499 millones la partida destinada a Fomento del Empleo.
Tinte expansionista al que acompaña una elevada dosis de realismo parlamentario que obliga al Ejecutivo a hacer un guiño a los grupos políticos que necesita para alcanzar, mediante pactos y componendas, los votos necesarios para que las cuentas salgan adelante. A esta necesidad responde el reparto territorial con un aumento del 34 por ciento en las dotaciones presupuestarias al País Vasco que se coloca como la tercera comunidad con mayor porcentaje de inversión, que se hayan consolidado todos los compromisos contraídos con Canarias, en palabras del diputado socio del PSOE, Pedro Quevedo, o el crecimiento del 12,6 por ciento, hasta 8.487 millones de euros de las inversiones en infraestructuras.
Y es que Rajoy, Montoro, Escolano y todos los estrategas del Ejecutivo y del Partido Popular son conscientes de que estos Presupuestos son vitales para agotar la legislatura y probablemente con una proyección para este ejercicio y el que viene. Si el Gobierno consigue el respaldo del Congreso a estos Presupuestos no necesitaría arriesgarse al desgaste de nuevas negociaciones componendas para las cuentas de 2019 cuando una prórroga de los que han entrado ahora en la Cámara le bastaría para plantarse en 2020 y cumplir el objetivo, además de ganar tiempo para recomponer la imagen, la estrategia, el mensaje y las personas de un partido en decadencia. De hecho algunas de las partidas sociales, como la del salario de los funcionarios, vienen ya con proyecciones hasta ese último año de legislatura. De ahí la importancia de estas cuentas y de ahí la necesidad imperiosa que tiene el Gobierno de sacarlas adelante.