“Si dijéramos lo que vamos a tener que hacer, no nos votaría nadie”. Así se confesaba Cristóbal Montoro a un empresario y amigo, al término de uno de los encuentros que, en precampaña, mantuvo el responsable económico del Partido Popular con dirigentes del colectivo empresarial. Una confesión que conllevaba tanto una dosis de realismo como de resignación ante una cruda realidad. Ni la España de 2012 es la misma que se encontró el tándem Aznar-Rato en 1996, ni el gobierno que forme Mariano Rajoy va a gozar de la autonomía y capacidad de decisión que tuvo entonces.

Porque el nuevo Ejecutivo, quiéralo o no su Presidente, va a ser un Gobierno sometido a estricta vigilancia, al menos en el medio plazo, por el sacro imperio germánico de Angela Merkel, por su virrey en la Galia Sarkozy, por el Banco Central Europeo, por el Fondo Monetario Internacional y, sobre todo, por esos mercados y agencias de calificación que hoy son los que marcan el paso del nuevo orden mundial.

Unos dirigentes europeos que ya le han encargado los deberes y unos mercados que no le van a dejar mucho más de esa media hora a la que aludía el propio Rajoy en el cierre de campaña. Las convulsiones y el ataque especulativo sobre la deuda española del pasado jueves fue sólo el primer aviso de lo que le espera si decide actuar por libre.

Por eso, el repetido recurso a los logros económicos del primer cuatrienio de Aznar no pasa de ser más que una estrategia de marketing electoral. Todos, o casi todos, en el Partido Popular saben que las recetas contra la gripe del 96 no sirven para curar la neumonía de hoy. Y que si entonces la mayor parte del trabajo sucio se lo había hecho Pedro Solbes, ahora la parte más dura del ajuste Zapatero se la ha dejado a ellos y que a ellos les toca pedir nuevos sacrificios a una ciudadanía que ha está harta de pagar los platos ratos de la crisis.

Sacrificios y recetas que, en parte ya le había prescrito el BCE a Zapatero y Berlusconi a finales de septiembre, en la famosa carta de Trichet, y que pasan por liberalizar servicios públicos, reformar la negociación colectiva para adaptar las condiciones laborales a las necesidades de cada empresa, reforma de la contratación y del despido, endurecer los requisitos para la jubilación, reducir el salario de los funcionarios, adelgazar las cuentas de las autonomías, reducir entidades locales y cambiar la Constitución para limitar el déficit. Y, recordemos que, de todas ellas, ZP sólo cumplió la última.

Algunas de estas medidas ya las contempla el PP en su programa electoral, especialmente las referidas a la reforma del mercado laboral, pero no serán las únicas.

El nuevo gobierno necesita desesperadamente buscar 25.000 millones de euros para completar un nuevo plan de ajuste para 2012 y ello hace muy difícil que la educación y la sanidad salgan indemnes del recorte. La sombra del copago, aunque sólo sea parcial, planea sobre el panorama sanitario.

Y respecto a los impuestos, pues las rebajas prometidas tendrán que esperar y, a mi me resultó especialmente significativo que a la única pregunta que Rajoy no ha querido responder ni durante su debate con Rubalcaba ni en ningún momento en la campaña, ha sido a la de si va a subir el IVA. ¿Será por aquello de que quién calla otorga? Pero sí va a subir los impuestos especiales, gasolinas incluidas, y todo ello, en un contexto de recesión en el que a la obligación ineludible de cumplir con el objetivo de reducción del déficit se añade la necesidad de impulsar el consumo y la inversión para crecer y crear empleo. La cuadratura del círculo.

Ante este panorama parece fundamental saber el nombre del nuevo titular de Economía. Ayer, en plena euforia, un destacado dirigente popular apostaba decididamente por Montoro. “Uno de los retos más importantes que vamos a tener que hacer ahora es lidiar con nuestros gobiernos autonómicos para que reduzcan drásticamente el gasto en sus comunidades. Y eso, sólo lo puede hacer una persona con autoridad dentro d el partido y no alguien que venga desde fuera”. Es una razón de peso.

Y si los mercados no van a dejar mucho margen al Gobierno Popular, en el partido también que otro tanto les va a ocurrir con la calle. El nuevo presidente y su partido deben ser conscientes de que el control del Parlamento no les garantiza el control de la calle y los sindicatos, respaldados por la resucitada Izquierda Unida de Cayo Lara, no van a resistirse a movilizaciones en cuanto comiencen los ajustes. Claro que en el PP hoy tienen más miedo al 15-M que a unas centrales sindicales desprestigiadas y con escasa credibilidad.

Por cierto, una vez más, el gran ausente de todos los debates y propuestas económicas de los grandes partidos ha sido, una vez más, el sector exterior y las políticas de apoyo a la internacionalización de las empresas, cuando son las empresas internacionalizadas las que mejor están soportando la crisis. Esperemos que la ceguera de campaña no sea premonición de lo que nos espera en la Legislatura.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.