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Costacaribe a dos velas

La intervención por el Gobierno de Colombia de Electricaribe (participada por Gas Natural Fenosa en un 85% y por el estado Colombiano en el otro 15%) el pasado mes Noviembre y su posterior liquidación el pasado día 14 de Marzo, marca un antes y un después en la confianza y buena imagen del marco jurídico y regulatorio de la IED en este país, deteriorando el gran esfuerzo que hasta la fecha marcaban las políticas liberales y de atracción de inversiones que en paralelo al proceso de paz determinaban la acción del Gobierno.

Y es que en este sentido el conflicto saca a la luz las tremendas contradicciones existentes en el país en su proceso de crecimiento y desarrollo con fuertes diferencias de renta y cultura ciudadana. Así, mientras por un lado ofrece un marco Jurídico de protección a las inversiones extranjeras con garantías soberanas homologables internacionalmente, como así lo reflejan los convenios y acuerdos formalizados al respecto, como han sido, entre otros, la firma del APRI con el gobierno español ampliado en el ámbito comunitario por medio del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, y que son un atractivo fundamental para que Colombia pueda cofinanciar ese 6% del PIB, que anualmente y durante los próximos 15 años serán necesarios para alcanzar el ambicioso proceso de modernización y desarrollo del país, incluyendo la red viaria 4G y las “utilities” (infraestructuras de servicios básicos), para los cual, los PPI y la confianza de los Mercados financieros internacionales son fundamentales.

En paralelo y en el marco operativo de la inversión en Electricaribe, se ponen de manifiesto la laxitud del marco jurídico mercantil, la cultura del impago y la permisividad ante de los enganches ilegales en los departamentos mas deprimidos, más del 50% del área concesional, en un marco de violencia, que sumado a los endémicos clientelismos e intereses políticos locales han tolerado en un marco de impunidad el incumplimiento de la Ley. En consecuencia, la incapacidad del Gobierno para hacer cumplir y amparar el cumplimiento y el fin último del objeto de la inversión, en clara discrepancia con los compromisos y garantías institucionales establecidos en los Convenios y Acuerdos anteriormente mencionados, ha originado, como no podía ser de otro modo, por impagos y conexiones ilegales, elevados pasivos, que inexorablemente condenaban a corto plazo a la IED a la quiebra más absoluta y a los ciudadanos de Costacaribe a la penuria eléctrica.

Lamentablemente esta conflictiva inversión no es la primera que se realiza en la internacionalización de la empresa española y curiosamente tropezando casi siempre en la misma piedra, sino que es una más de los continuos goteos producidos en las últimas décadas de inversiones fallidas de empresas españolas ligadas a la producción y distribución de las denominadas “utilities” (electricidad, gas, agua y telefonía) en América Latina, cuyos ejemplos más sonados han sido, entre otros, la privatización del Agua en Cochabamba (Abengoa), que terminó con una insurrección armada en 1999 al negarse a pagar los consumos; los violentos disturbios en Managua por atreverse a intentar cobrar los recibos al sector comercial (Unión Fenosa) en 2006, la expropiación del yacimiento de Gas natural Vaca Muerta en Argentina en 2012 (Repsol) y más recientemente las expropiaciones de las filiales de REE en trasmisión de energía eléctrica, así como Iberdrola, en la distribución eléctrica en Bolivia o últimamente las preocupantes noticias sobre las inversiones del Canal de YII en Cartagena y otras ciudades de Colombia y República Dominicana, cuestionadas por presuntas irregularidades.

Desgraciadamente estas situaciones conflictivas han sido casi siempre fruto de inadecuadas inversiones, basadas en optimistas estudios de factibilidad, con escasa profundidad en los análisis de riesgo país, mas marcados por los aspectos puramente macroeconómicos y financieros del negocio “de libro” que por terceros aspectos ligados a la subjetividad política, social y cultura del entorno de la inversión, aspectos que al final terminan siendo determinantes, condicionando como estamos contemplando en Electricaribe el buen fin de la inversión y que de haber sido evaluados en su real dimensión nos hubiera evitado que inversiones relevantes en nuestra internacionalización terminaran su ciclo de vida en lentos y costosos arbitrajes, bien sea en el MIGA o el CIADI del Banco Mundial, donde ya somos conocidos, o bien como es el caso que nos ocupa, en el Tribunal de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Felipe Carballo Ríos
Doctor en Ciencias Económicas.

 

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